Delito de prevaricación: qué es y qué consecuencias tiene.

Se trata de un delito de especial relevancia, ya que puede comprometer la integridad no solo del sistema administrativo de un país, sino también del judicial. Todo lo relativo a él, se recoge en el artículo 404 del Código Penal español.

En este post se van a detallar todas sus implicaciones, así como sus características y las penas a las que se enfrenta la persona que cometa un delito de prevaricación. No obstante, ya te adelantamos que en este caso y en cualquier otro de naturaleza legal, lo mejor es contar con profesionales con experiencia demostrada.

En qué consiste el delito de prevaricación.

Un delito de prevaricación es el acto en el cual se realiza un acto o se ejecuta una resolución injusta a sabiendas. Este tipo de vulneración de la ley solo puede ser cometida por una autoridad pública, juez o funcionario. Se puede tratar tanto de un delito de prevaricación administrativa como judicial.

En este punto, conviene señalar que los abogados y procuradores no pueden incurrir en este tipo de delito, ya que no se consideran funcionarios públicos. No obstante, sí que se les puede acusar de otros, como el cohecho o la corrupción.

Tipos de delitos de prevaricación:

• Judicial. Un juez incurre en este delito cuando dicta una sentencia manifiestamente injusta. También se considera delito el negarse a juzgar una causa procesal o retrasar la tramitación de un proceso judicial.
• De funcionario público. Este se da cuando se abusa del poder, dictando una resolución que sabe que es injusta o cuando se nombra a una persona para que ocupe un cargo público sin poseer los requisitos obligatorios para ello. Este último es el llamado delito de prevaricación administrativa y en él, la persona que acepte el cargo, a sabiendas de que no está capacitada para ello, también será castigada.

Cuándo se considera que una persona ha cometido prevaricación.

Para que un acto se considere un delito de este tipo, es necesario que se den los siguientes casos:

• Autoridad o funcionario público. Como ya se ha comentado, este tipo de delito solo puede cometerse por personas que ocupan un cargo concreto, el cual les permite decidir sobre los ciudadanos. Es el caso de autoridades como los miembros del Congreso de los Diputados o cualquier funcionario que ejecute funciones públicas, ya sean empleados temporales o interinos.
• Resolución injusta. Esto es cuando se realiza una resolución arbitraria (ya sea de carácter judicial o administrativo), que no guarda relación con la ley, como por ejemplo dictar una sentencia contraria a los hechos o conceder un cargo público a quien no reúne las exigencias legales para ello.
• Dolo. Para que se considere delito, es necesario que la persona que lo ha cometido sea consciente de ello, es decir, debe actuar con conocimiento y voluntad, sabiendo que lo que hace es injusto y va contra la ley. Si se guiara por el desconocimiento o cometiera un error por ignorancia, no se consideraría un delito de este tipo.
• Acción u omisión. Cabe destacar que este tipo de delitos se puede cometer tanto por acción como por omisión, es decir, es igual de punible el emitir una resolución injusta o conceder un cargo de forma arbitraria como el hecho de negarse a realizar sus deberes. Un claro ejemplo de ellos sería no investigar un delito o no denunciar una irregularidad. Ambos casos constituirían un delito por omisión.

Qué condenas se aplican al delito de prevaricación.

Todo lo relativo al delito de prevaricación aparece en el Código Penal, concretamente en los artículos 404, 446 y siguientes. Según lo recogido en ellos, las sanciones a las que debe enfrentarse el infractor pueden ser penas de cárcel, multas y/o inhabilitación de su cargo:

• Pena de prisión de 1 a 4 años e inhabilitación de 10 a 20 años si dicta una sentencia a un reo por delito grave o menos grave. Si dicha sentencia se llega a ejecutar, entonces también se le impondría una multa de 12 a 24 meses.
• Suspensión de empleo de 1 a 3 años y multa de 3 a 8 meses si se propone, se nombra o se da posesión de un cargo público a quien no cumple los requisitos para ello, es decir, en caso de delito de prevaricación administrativa.
• Multa de 3 a 8 años si se acepta un cargo público para el que no se poseen los requisitos legales.

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